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Gonzalo Alexander Rojas

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Infografías

Ricardo Emilio Rojas Castro

Enlace editorial

José Raúl Uribe Carvajal

El voto: herramienta de la vida democrática

Primera edición, 2016

D.R. © 2016, Instituto Nacional Electoral

Viaducto Tlalpan núm. 100, esquina Periférico Sur

Col. Arenal Tepepan, 14610, México, Ciudad de México

ISBN de la colección: 978-607-9218-99-7

ISBN: 978-607-8510-29-0

El contenido de esta obra es responsabilidad de su autor y no necesariamente representa el punto de vista del Instituto Nacional Electoral.

Distribución gratuita. Prohibida su venta

Índice

Presentación

El voto como mecanismo de participación y decisión

¿Qué es y para qué sirve el voto?

Lo que se puede votar y lo que no

Voto libre

Responsabilidad en el ejercicio del voto

Voto informado y razonado

Aceptar la derrota

Principios, instituciones y procedimientos para el voto

La importancia de los principios y las reglas

Reglas, instituciones y procedimientos

El voto: la conquista de un derecho

Pequeño acto para grandes decisiones

Historia de una conquista

Derecho que no se ejerce, se atrofia

Presentación

El voto: herramienta de la vida democrática es una obra que, como parte de la colección Árbol, el Instituto Nacional Electoral pone a disposición de niñas y niños con la intención de promover el gusto por la lectura a través de textos que los introducen en temas de formación ciudadana y valores democráticos.

Esta publicación se inscribe en el marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, la cual busca contribuir al fortalecimiento de nuestra cultura cívica, reconociendo que la solidaridad, la confianza y la vinculación son condiciones necesarias para la organización social en el espacio público.

Este volumen ofrece a las comunidades jóvenes de todo el país la posibilidad de conocer que quienes nacieron en el México de fin del siglo xx, o en los primeros años del nuevo milenio, les ha tocado vivir en un país donde la alternancia política en el ejercicio del poder es algo común. Y cómo, para llegar a este punto, fue necesario el esfuerzo sostenido de generaciones enteras, empeñadas en construir instituciones que aseguraran que el voto ciudadano cuente y se cuente, que las elecciones sean libres y que la competencia política sea real.

Esta publicación, dirigida particularmente a jóvenes que cursan la secundaria, está dividida en tres partes: en la primera se describe el voto como un mecanismo participativo de toma de decisiones; pero el carácter participativo del voto no lo convierte automáticamente en un método democrático, por ello, el segundo apartado describe los principios, normas, instituciones y procedimientos que hacen democrática a una elección. La tercera parte presenta un resumen de la historia del voto con el propósito de subrayar que su reconocimiento como derecho de la ciudadanía a participar en las decisiones de la comunidad es producto de luchas populares que han costado muchos esfuerzos y vidas en distintas latitudes y momentos históricos.

Maestros, madres y padres de familia encontrarán en esta pequeña obra una herramienta valiosísima para hacer un llamado a defender el derecho político al voto, a ejercerlo libre, consciente y responsablemente, y a participar activamente en la vida pública del país.

El voto como mecanismo de participación y decisión

La máquina del tiempo

El voto es una forma de expresión de la voluntad de las personas que sirve para tomar una decisión colectiva. Votar es el acto por el cual un individuo manifiesta que prefiere cierta opción, fórmula o persona frente a otras. Votar siempre implica elegir entre distintas opciones.

Cuando un grupo debe tomar decisiones puede seguir varios métodos:

Decide una persona o un pequeño cuerpo directivo al que se le reconoce capacidad para asumir esa responsabilidad sin necesidad de consultar al resto de los miembros.

El grupo decide por consenso: los miembros llegan a un acuerdo en el que consideran las distintas propuestas, los intereses y las necesidades del grupo.

El grupo decide mediante una votación.

La votación se caracteriza porque una parte o todos los integrantes de un grupo participan en la toma de decisiones expresando libremente su voluntad y preferencia. Por esta razón, los procesos de votación deben verse como una oportunidad para tomar parte de la vida de la comunidad a la que cada uno pertenece y para ejercer el derecho de hacer valer su voz en ella.

Como método de decisión, el voto se emplea en una variedad de contextos y situaciones, con propósitos diversos y en grupos de muy distinto tamaño. Por ejemplo, en grupos pequeños los estudiantes de una clase votan para decidir el tipo de actividad que se realizará o quién será su representante ante la mesa directiva de alumnos. En los medianos, por ejemplo, quienes integran un sindicato resuelven si van o no a huelga, o los miembros del Poder Legislativo votan para aprobar o no una iniciativa de ley. Cuando se trata de un país, la ciudadanía vota para elegir gobernantes.

El voto sirve para tomar decisiones colectivas en forma libre y ordenada.

El voto entonces sirve para que uno escoja entre distintas opciones: ¿me inclino por la planilla verde o la naranja?, ¿le doy mi voto a Patricia o a Javier como representantes de mi grupo?, ¿prefiero que la práctica de campo de Biología se haga en el río o en el bosque?, ¿opto por el partido X o por el partido Y?

Como se aprecia en estos sencillos ejemplos, para que el voto tenga sentido y no sea una simulación es necesario que ocurran dos cosas: que las distintas opciones que se votan sean reales y que las personas puedan elegir libremente conforme a sus preferencias.

La participación y la expresión de la voluntad personal a través del voto es un primer paso. El segundo consiste en tomar la decisión como grupo: gana la opción con mayor número de votos. Generalmente, se exige que la opción ganadora tenga al menos la mitad más uno de los votos efectivos. A eso se le llama principio de mayoría y sobre él volveremos más adelante.

Lo que se puede votar y lo que no

Votar es un método que funciona muy bien en cierto tipo de decisiones, pero no siempre es el más adecuado. Por ello es importante saber identificar cuándo es útil una votación y cuándo puede resultar contraproducente.

Dato curioso. En las elecciones libres, los votantes no se sienten amenazados cuando expresan sus preferencias y los resultados oficiales corresponden verdaderamente a la voluntad de las personas. Las elecciones no son libres cuando no hay competencia real entre candidatos y prevalecen las opciones impuestas por el poder.

En las siguientes situaciones, la votación no es el método más recomendable.

Votar para resolver colectivamente asuntos que corresponde decidir a una persona en uso de sus libertades. Imagina que te gusta alguien de tu salón y decides proponerle que sea tu novia o novio. Tus amigos resuelven someter a votación si debes o no hacerlo. O bien, supón que tu hermana mayor quiere estudiar ingeniería, pero la familia vota para decidir entre todos qué carrera habrá de seguir. Es evidente que el grupo, cualquiera que sea, no puede adoptar una decisión que corresponde a cada persona. De hacerlo, vulneraría sus libertades y derechos.

Votar los derechos humanos de las personas. Tales derechos son aquellas libertades, facultades y prerrogativas que gozan todas las personas por el hecho de serlo y que les aseguran un trato y una vida dignos. Algunos de ellos son el derecho a la educación, a la salud, a la libre expresión o a elegir a sus gobernantes. Estos derechos suelen estar reconocidos en las leyes y su vigencia no depende de quién gobierne o de si una mayoría de ciudadanos está de acuerdo con ellos. No se puede renunciar a los derechos humanos y nadie puede negártelos.

Por ejemplo, circular con libertad es un derecho de todas las personas, por ello, los vecinos de tu colonia, comunidad o pueblo no podrían prohibirte caminar por donde vives, argumentando que lo decidieron mayoritariamente mediante una votación. Tampoco podrían votar si puedes o no inscribirte en una escuela o si debes profesar tal o cual religión.

No se someten a votación las decisiones que corresponde tomar a especialistas. La ciudadanía no puede votar para decidir qué vacunas aplicar a la población infantil. De la misma manera, sería imprudente que los alumnos de secundaria decidieran mediante votación qué materias y temas estudiar. En ambos casos se trata de decisiones que deben tomar especialistas con la formación y los conocimientos adecuados.

Designación de cargos públicos que deben estar basados en el mérito, los conocimientos y las capacidades. Así como hay cargos que se someten a votación, en otros una autoridad superior, avalada por alguna norma o algún procedimiento preestablecido, nombra a las personas que ocuparán un cargo, en la medida que cuentan con características para desempeñarlo correctamente. A esto se le llama designación. Un ejemplo es el siguiente:

En México la ciudadanía elige mediante votación popular a quien ocupará durante seis años la Presidencia de la República. Los miembros de su gabinete, es decir, los secretarios de Estado que le ayudan en su labor de gobierno, no son electos, sino nombrados por él mismo.

La designación por mérito ocurre en aquellas instituciones y profesiones en las que el ingreso y el ascenso del personal dependen de la calidad de su desempeño. Por ejemplo, el personal de salud es seleccionado para trabajar en ciertos hospitales y clínicas conforme a sus aptitudes. Para ello se aplican pruebas y la población no vota para decidir a qué médicos contratar. Algo similar ocurre con los profesores en las escuelas públicas: los estudiantes o las familias no votan para decidir quién impartirá cada clase. La ley establece que ingresarán al Servicio Profesional Docente mediante un concurso que se basa en una evaluación de sus conocimientos y sus destrezas.

En algunos casos conviene tomar la decisión por consenso, más que por votación. Un consenso es un acuerdo general que se alcanza cuando los miembros de un grupo, o distintos grupos entre sí, dan su consentimiento a una propuesta que satisface de la mejor manera a todos los involucrados. Suele buscarse en los siguientes casos:

Asuntos de gran relevancia, en los que es posible construir soluciones que gocen del respaldo de los involucrados e incluyan las diferentes posturas.

Asuntos en los que se requiera gran legitimidad y apoyo a una medida, o en los que se quiera proyectar una imagen de unidad.

En tales casos, la votación queda como un recurso auxiliar. Imagina que legisladores de distintos partidos elaboran una ley especialmente relevante para la convivencia social: lo ideal es que ésta sea respaldada por todos, por ello es mejor construir un consenso en el que las partes se sientan incluidas y representadas. La votación sólo será útil para decidir sobre algún aspecto en el que no fue posible lograr el consenso.

Grados de acuerdo ante una decisión por consenso

Disenso

No estoy de acuerdo

No me opongo, pero no me involucro

No es una decisión perfecta, pero la acepto

Estoy de acuerdo

Consenso

El consenso expresa un acuerdo general sobre una cuestión específica. El disenso, en cambio, refiere una situación de desacuerdo entre dos o más personas acerca de un tema. En grupos democráticos, disentir es un derecho.

Voto libre

Votar es elegir y hacerlo presupone libertad. Si ésta no existe, el voto pierde sentido. Afirmar que el voto debe ser libre significa que nadie debe interferir en la voluntad del votante, y que sólo él debe decidir por cuál opción se inclina, en función de su propia valoración.

Imagina que dos personas de tu clase se postulan como candidatos en la elección para decidir quién representará al grupo ante la mesa directiva de estudiantes. Los candidatos son Patricia y Javier. Las simpatías se dividen y cada uno busca ganar adeptos. Ahora supón que el profesor tutor de tu grupo está interesado en que Javier gane y les pide abiertamente que voten por él o, peor aún, los deja votar libremente en apariencia, pero luego cambia el resultado a su antojo. En este caso, el voto no sirve para tomar decisiones colectivas libre y ordenadamente.

Sin libertad es imposible ejercer el derecho genuino de las personas a escoger entre distintas opciones.

Dato curioso. Porfirio Díaz y Francisco I. Madero contendieron en las elecciones presidenciales de 1910, pero no había libertades. El presidente Díaz había clausurado los periódicos y el día de la elección Madero estaba en prisión.

El voto libre forma parte de los procedimientos y las prácticas de grupos y comunidades abiertas. Por eso se suelen asociar las votaciones con la democracia. Aunque esta asociación es correcta, es preciso advertir que también se utilizan votaciones ahí donde no imperan libertades ni existe democracia. Esto suele provocar confusión. Algunas organizaciones convocan a votaciones para aparentar que son democráticas, que consultan a sus miembros y que toman en cuenta sus opiniones; sin embargo, en realidad se trata de votaciones trucadas, cuyo resultado está arreglado de antemano, y en las que quienes participan se limitan a cumplir el papel de comparsas.

Esta simulación puede ocurrir no sólo en pequeñas organizaciones, sino en el ámbito nacional. Hay países no democráticos o francamente autoritarios que organizan de manera periódica elecciones en las cuales la ciudadanía de hecho no elige nada. Su participación se utiliza para dar un aire de legalidad a la decisión adoptada por la autoridad.

La libertad de expresión es muy importante para las elecciones democráticas. Por ello en la Consulta Infantil y Juvenil de 2015 se preguntó a niñas, niños y adolescentes si pueden expresar con libertad lo que piensan y sienten.

El voto será efectivo y se basará en la voluntad colectiva sólo si existen libertades garantizadas en la ley y en la práctica. Hablamos de las libertades de expresión, información, reunión, asociación, participación, entre otras. Las personas deben poder expresarse sin cortapisas, debatir sus ideas, expresar sus desacuerdos, reunirse con otras personas, asociarse con fines legítimos y participar en la vida de su organización o de su sociedad; todo ello sin riesgo de ser hostigadas, perseguidas o injustamente sancionadas.

Te percatarás de la importancia de las libertades en el proceso de votación si piensas en la elección de la mesa directiva de la sociedad de alumnos, cuyos integrantes tienen la responsabilidad de representar el interés estudiantil e impulsar propuestas en su beneficio. A continuación puedes ver cómo se aplican dichas libertades en ese caso.

Integrantes de las planillas

Elaborar libremente un programa de trabajo en el que expliquen qué metas se compromete a cumplir en caso de ganar la votación.

Libertad para hablar de la problemática estudiantil y proponer soluciones.

Equidad: todas las planillas deben contar con los mismos medios y condiciones para difundir su programa entre los estudiantes.

Votantes

Tener acceso a la información de lo que ofrece y a lo que se comprometen las planillas.

Oportunidad y libertad para revisar, discutir y valorar dichas propuestas.

Libertad para elegir a qué opción dar el voto.

Si en este ejemplo el director pone obstáculos para que las planillas hablen de ciertos problemas de la escuela, no brinda espacios para que divulguen sus propuestas o de manera injustificada niega a un determinado grupo de alumnos el derecho a formar una planilla, entonces estará vulnerando libertades esenciales. Esto afectará las condiciones en que se realiza la votación y el proceso perderá su eficacia como mecanismo para expresar la libre voluntad de las personas y adoptar decisiones colectivas.

Responsabilidad en el ejercicio del voto

Responsabilidad significa responder por los propios actos ante las demás personas. Cuando se trata de tomar una decisión colectiva a través del voto, están involucradas muchas responsabilidades para muchas personas.

Quienes organizan una elección, postulan candidatos o presentan propuestas, tienen la responsabilidad de ofrecer las mejores condiciones para que las personas emitan un voto libre y razonado, pero la decisión de hacerlo corresponde al votante. Éste tiene una enorme responsabilidad en la medida en que cada voto va a formar parte de una decisión colectiva. Con frecuencia, las personas olvidan este hecho y el costo de no votar de una manera libre y responsable es siempre muy alto.

Dato curioso. En México, el voto es un derecho y una obligación, pero un ciudadano que no vota, no es sancionado. ¿Qué opinas de la posibilidad de que se imponga una multa a quienes no votan en las elecciones?

Podemos identificar varias responsabilidades para la persona que va a votar:

Comprender que se trata de una decisión colectiva: lo que cada uno elija formará parte de una decisión que afectará a muchas personas, incluso a las que no votaron.

Involucrarse en la decisión que se va a tomar: comprender qué se está eligiendo y cuáles son las opciones. De esta manera se emitirá un voto razonado.

Decidir participar a fin de defender nuestros intereses y puntos de vista. Si no lo hacemos, en la práctica otras personas decidirán por nosotros, con el riesgo de que quienes votan defiendan sus propios intereses y puntos de vista, y no necesariamente los nuestros.

Cuando una persona decide no votar, se dice que se abstiene. Es cierto que, en general, el voto se considera más un derecho que una obligación y, por ello, las personas están en libertad de ejercerlo o no. De hecho, algunas deciden conscientemente no votar con el propósito de manifestar su desacuerdo o protesta ante las opciones disponibles o ante el proceso de votación. La decisión de no votar como forma de protesta es respetable, pero suele ser ineficaz, pues en una votación gana la opción que obtenga la mayoría simple de los votos efectivos. Un ejemplo sencillo te puede aclarar esto.

Abstención. Se refiere a la no participación en el acto de votar por parte de quienes tienen derecho a ello. Aunque puede ser una forma de expresar un desacuerdo, la mayoría de las veces se asocia con la apatía ciudadana: el individuo no acude a votar porque no le interesa participar ni se siente motivado a ello.

Supón que tu grupo, de 35 estudiantes, tiene que elegir a un representante ante la mesa directiva de alumnos. Recordarás que había dos candidatos: Patricia y Javier. Imagina que este proceso ha despertado poco entusiasmo y que el día de la votación, de los 35, sólo cinco se presentan a emitir su voto y que de ellos, tres son para Patricia y dos para Javier. Habrá votado apenas una séptima parte de quienes tenían el derecho de hacerlo. Pero como la decisión se toma con base en quienes sí votaron, sin importar cuántos son, la ganadora indiscutible será Patricia, aunque sus simpatizantes sean tres y representen apenas la décima parte del grupo.

En nuestro ejemplo, quienes no votaron –sea por flojera, indiferencia, decisión propia o porque faltaron a clase– cedieron su poder de decisión a los cinco estudiantes que asumieron su responsabilidad de votar y se tomaron el tiempo de ir a depositar su papeleta en la urna. Si entre los 30 abstencionistas algunos no simpatizaban con la candidatura de Patricia, no tendrán más remedio que aceptar el resultado. En el siguiente caso real entenderás las consecuencias dramáticas que suelen presentarse cuando las personas no votan o no razonan su voto.

Quizá hayas escuchado que en 2016 el Reino Unido (conformado por Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte) puso a votación si debería permanecer o no como miembro de la comunidad de países que es la Unión Europea (UE). La ciudadanía fue convocada a votar un simple sí o no, lo cual resultaba engañosamente sencillo puesto que la decisión de salir o permanecer en la UE ponía en juego cuestiones de carácter político y económico, que afectarían la vida de las personas, en especial de la población joven. Formar parte de la UE les beneficiaba porque se incrementaban sus oportunidades de estudio, empleo, apoyo a la investigación y libre circulación.

Contra todo pronóstico, ganó el sí, a favor de la salida de la Unión Europea. A los pocos días de conocerse el resultado, e inconformes con él, cuatro millones de ciudadanos británicos firmaron una petición a la Cámara de los Comunes para solicitar la repetición del proceso. La solicitud no prosperó, pero el punto importante es que entre los ciudadanos que se lamentaron por el resultado hubo un importante número de abstencionistas que, de haber ido a votar, probablemente hubiera cambiado la decisión. ¿Qué pasó? ¿Por qué este caso sirve para analizar la responsabilidad en el ejercicio del voto?

Cuando decidimos no votar, perdemos la oportunidad de ejercer el derecho a ser miembros activos de una comunidad, trátese de una escuela, un equipo deportivo, un sindicato o un país.

No votar a ciegas. Un considerable contingente de electores votó lo primero que se le ocurrió porque desconocía el fondo del asunto y qué era lo que realmente estaba en juego. Tan es así que al día siguiente de la histórica votación, el mayor número de consultas en Google por parte de los ciudadanos británicos consistió en preguntar ¡qué era la Unión Europea! Votaron a ciegas y luego, espantados por el resultado y sus consecuencias, buscaron informarse.

Prepararse para votar. Las encuestas señalan que los jóvenes de entre 18 y 24 años estaban abrumadoramente a favor de permanecer en la Unión Europea, pero más de la mitad de electores de este grupo de edad no pudo votar en la forma masiva requerida para inclinar el resultado en ese sentido. ¿Qué pasó? Además del abstencionismo y desinterés que existe en todos los procesos electorales, la votación tuvo lugar durante las vacaciones universitarias y varios estudiantes omitieron registrarse en el domicilio en el que estarían en dicho periodo. Muchos otros se olvidaron del tema: la quinta parte de los jóvenes que asistieron al Festival Musical de Glastonbury no votó. Por otra parte, en esta ocasión sólo pudieron sufragar los jóvenes mayores de 18 años, cuando en Escocia, en anteriores procesos, lo habían podido hacer jóvenes de 16 y 17 años.

Defender los derechos. “Hemos perdido el derecho de vivir, estudiar y trabajar en 27 países”, “El futuro de este país ha sido decidido por quienes no estarán aquí para vivir con las consecuencias. Qué desastre”, “Gente más vieja que yo está reduciendo enormemente las oportunidades de personas más jóvenes que yo” son algunos de los mensajes que se produjeron en Twitter con los hashtags Not in my name (“No en mi nombre”) y What have we done (“Qué hemos hecho”). Esto es un ejemplo claro de que una decisión colectiva tomada mediante el voto generalmente se relaciona con los derechos de las personas. De esta manera, votar o abstenerse, votar en cierto sentido o en otro, es una decisión que se debe tomar a conciencia, pues el resultado puede tener fuerte impacto en la vida de miles de personas.

El gobierno de Colombia y la guerrilla (FARC) firmaron un acuerdo de paz que ponía fin a más de 50 años de guerra. Este acuerdo se sometió a un plebiscito. Para sorpresa del mundo y del propio pueblo colombiano, sólo el 40% de los electores participó en este proceso, y de ellos el 50.2% rechazó el acuerdo. Ganó el no a la paz aun cuando las personas que viven en las zonas de mayor violencia por el narcotráfico y la guerrilla votaron a favor del acuerdo.

Voto informado y razonado

El voto es un asunto muy serio, ya que los temas que se resuelven son capaces de afectar intereses y derechos. Por esta razón, es preciso votar de la manera más sensata posible y asumiendo las responsabilidades arriba señaladas. Informarse lo mejor posible acerca de qué o a quién se elige y para qué, es una responsabilidad ciudadana que da fuerza al voto. Esto plantea la necesidad de escuchar objetivamente las propuestas de los distintos candidatos o a los postulantes de las diferentes opciones que se nos proponen y no sólo a nuestro favorito sentimental. Sería un error que te limites a escuchar al candidato que te cae bien o te parece supersimpático.

Ahora bien, es común que los candidatos o los defensores de las opciones puestas a votación quieran presentar su mejor cara ante los electores y, por ello, tiendan a exagerar sus virtudes y a minimizar u ocultar cualquier posible falla o inconsistencia. La única defensa de los electores frente a las exageraciones, las mentiras o el cinismo de quienes postulan las opciones que se someterán a votación es buscar información de calidad, analizarla, debatirla y, con base en ello, madurar un juicio propio.

Como puedes ver en el esquema, para que la ciudadanía emita un voto informado se requiere que varios actores sociales cumplan sus responsabilidades.

Ciudadanía

• Entender qué se vota, qué propone cada opción y razonar las consecuencias del voto.

Partidos políticos

• Organizar campañas limpias, presentar claramente las propuestas y asumir compromisos claros y verificables.

Medios de comunicación

• Presentar objetivamente todas las opciones y promover el debate razonable.

Autoridad electoral

• Vigilar que todas las opciones tengan las mismas oportunidades de informar a la ciudadanía sobre sus propuestas y cuidar la limpieza de las elecciones.

Gobierno

• Evitar el uso de recursos públicos o de programas sociales para inclinar la preferencia de los votantes a favor de una opción.

Aceptar la derrota

En cada votación, como es obvio, habrá una opción ganadora y otra u otras que pierdan. Siempre que la votación se haya apegado a las reglas y los procedimientos previamente acordados entre los contendientes, así como a principios básicos en materia de legalidad, equidad y libertades, el resultado habrá de considerarse legítimo, y tanto los contendientes como los votantes deberán respetarlo. Obviamente, a nadie le gusta perder, pero si se pierde en una competencia libre y en la que se cumplen todas estas condiciones no hay razón para no respetar el resultado.

Un experimentado político español, que llegó a ser presidente de gobierno, Felipe González, escribió que la esencia de la democracia es la aceptabilidad de la derrota. Todo el mundo –decía– está dispuesto a aceptar la victoria, eso es facilísimo. Lo difícil es aceptar la derrota.

Se entiende que cuando hubo fraude, se violaron las reglas o se presentaron evidentes favoritismos hacia alguno de los contendientes, lo que procede es impugnar el resultado y exigir que se corrijan las deficiencias del proceso; pero cuando la autoridad electoral ha sido imparcial, los distintos contendientes han podido expresarse sin cortapisas y han tenido a la mano los recursos previstos en la ley, no hay más que aceptar la derrota. Ello exige responsabilidad y madurez.

En la red. Si quieres conocer cómo se integra esta Cámara, quiénes son tus representantes y qué hacen, consulta la página de la Cámara de Diputados: http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diptados/007_destacados/d_accesos_directos/006_ glosario_de_terminos/o_la_camara_de_diputados

Pero, así como los perdedores deben aceptar la derrota, los ganadores deben saber que los votos recibidos no los autorizan para gobernar como les venga en gana. Su deber es cumplir con los compromisos que contrajeron con la ciudadanía y respetar los derechos de las minorías.

Ahora bien, el diseño mismo del régimen democrático ayuda a los perdedores a aceptar que lo son. Las elecciones en una democracia se celebran de manera periódica: ello significa que quien gana no lo hace de una vez y para siempre. Quien pierde enfrenta la misma situación. El ganador de ahora puede ser el perdedor de mañana, y viceversa. Por la misma razón, los perdedores nunca lo pierden todo. Conservan su organización, sus derechos y su capacidad de actuar políticamente, de modo que pueden rehacerse y conquistar en el futuro el favor de la ciudadanía. Ciertos diseños del propio sistema electoral prevén que los ganadores no se lleven todo y que los perdedores obtengan ciertas posiciones de poder. Por eso en México existen diputados y diputadas electos por el principio de representación proporcional, también llamados plurinominales.

Este principio procura que los partidos políticos estén representados en la Cámara de Diputados según el porcentaje de la votación recibida: si recibieron el 20% de la votación, deberán tener un porcentaje equivalente de diputaciones. En México, 300 diputados son electos por el principio de mayoría relativa (simple) en cada uno de los 300 distritos electorales del país, mientras que otros 200 son electos por representación proporcional.

En resumen

Has visto que la votación es un método participativo de toma de decisiones y que votar siempre implica elegir entre distintas opciones, lo que presupone que debemos tener libertad para elegir. Sin libertad, el voto pierde sentido. Nadie debe interferir en la voluntad del votante. Es vital que las libertades estén legalmente protegidas y garantizadas. Cinco son las libertades fundamentales para el cabal ejercicio del voto: de expresión, información, reunión, asociación y participación.

Pero, así como es importante la libertad, también lo es la responsabilidad. Dado que cada voto forma parte de un proceso que desemboca en una decisión colectiva, se debe ejercer de manera responsable. Una forma de ser responsable es participando en las decisiones colectivas. Quienes se abstienen de participar y de votar, ceden su capacidad de decisión a otras personas. La otra faceta de la responsabilidad tiene que ver con sopesar muy bien las razones que nos llevan a preferir una opción y no otra, en vez de sólo dejarnos llevar por las emociones, la simpatía o los prejuicios.

También has cobrado conciencia de que las votaciones se pueden utilizar en grupos tan pequeños como un grupo escolar o tan grandes como un país, en una gran variedad de contextos y a propósito de temas muy diversos. Pero las votaciones, siendo tan útiles, no siempre son el método más aconsejable. Algunas de las situaciones en las que la votación no es la fórmula idónea son las siguientes:

• Pretender resolver colectivamente, mediante el voto, asuntos que corresponde decidir a una persona en uso de sus libertades.

• Poner a votación la vigencia de derechos que son irrenunciables para las personas.

• Someter a votación decisiones que corresponde tomar a grupos de especialistas.

• Querer elegir por votación cargos que deben estar basados en el conocimiento, la solvencia técnica y el mérito.

• Buscar decidir mediante el voto asuntos que por su relevancia para la colectividad merecen ser resueltos por consenso.

El voto, qué es y para qué sirve

El voto es una forma de expresión de la voluntad de las personas que sirve para tomar una decisión colectiva

La votación se caracteriza porque una parte o todos los integrantes de un grupo participan en la toma de decisiones expresando libremente su voluntad y preferencia.

Voto libre

Nadie debe interferir en la voluntad del votante.

Nuestra responsabilidad en el ejercicio del voto

• Comprender que se trata de una decisión colectiva.

• Involucrarse en la decisión que se va a tomar.

• Participar en las elecciones a fin de defender nuestros intereses y puntos de vista.

Contextos y situaciones en donde se vota

• En pequeños grupos. Ejemplo: Los estudiantes votan para elegir a su jefe de grupo

• En medianos. Ejemplo: Quienes integran un sindicato resuelven si van o no a huelga

• En grandes grupos como un país. Ejemplo: La ciudadanía vota para elegir gobernantes

Lo que NO se puede votar

• Votar para resolver colectivamente asuntos que corresponde decidir a una persona en uso de sus libertades.

• Votar los derechos humanos de las personas.

• Votar decisiones que corresponde tomar a especialistas.

• Votar cargos públicos que, por su naturaleza, deben estar basados en el mérito, los conocimientos y las capacidades.

• Votar decisiones que preferiblemente deben ser decididas por consenso.

Principios, instituciones y procedimientos para el voto

La importancia de los principios y las reglas

Ya has visto que la votación es un método participativo de toma de decisiones colectivas y siempre implica elegir entre distintas opciones. Pero que sea participativo no implica necesariamente que tenga propósitos democráticos. Los procesos de elección sólo adquieren la calidad de democráticos cuando están presentes las siguientes condiciones:

La participación se abre al mayor número posible de personas interesadas o afectadas por la decisión que se tomará.

El proceso se organiza conforme a ciertos principios, normas y procedimientos, requisito obligado para que quienes participan en una elección den por válida la decisión resultante.

Principios. Son guías para la acción, pautas de conducta. Constituyen el criterio que inclina y justifica la decisión en un sentido u otro.

En comunidades abiertas y democráticas, destinadas a que el mayor número de personas participe libre y activamente en la toma de decisiones relevantes para su propia comunidad, los principios deben entenderse como criterios que contienen una exigencia de justicia, igualdad, equidad, certeza, imparcialidad, legalidad y transparencia. Para que éstos sean eficaces, deben traducirse en normas jurídicas y procedimientos específicos que definan quiénes y cómo participan, así como sus derechos y obligaciones.

En grupos pequeños –por ejemplo, los estudiantes de una escuela–, donde los potenciales participantes se conocen y conviven a diario, las reglas para organizar un proceso electoral pueden ser pocas y sencillas. Conforme crece el número de participantes y aumenta la complejidad del proceso, el tema de las normas y procedimientos cobra mayor relevancia.

Principios de los procesos electorales democráticos

• Justicia, igualdad equidad, certeza, imparcialidad, legalidad y transparencia.

• Deben estar presentes siempre en una elección que se reclama libre y democrática.

Normas y procedimientos

• Concretan los principios

• No pueden ser sustituidos por cualquier procedimiento

• Pueden variar en número, características y complejidad, dependiendo del tipo, tamaño y propósito de la elección.

En este apartado revisaremos los principios que rigen los procesos electorales de países democráticos que eligen gobernantes y legisladores mediante votación popular, y en los cuales en una sola jornada concurren a las urnas millones de ciudadanos y que, por esa razón, requieren contar con elaborados sistemas electorales.

Sistema electoral. Es el conjunto de principios, normas, reglas y procedimientos legalmente establecidos por medio de los cuales los electores expresan su voluntad política mediante el voto.

Principio de legalidad. Este principio define que todos los poderes públicos, la ciudadanía y la población en general estén sometidos a las leyes y al derecho. La ciudadanía únicamente puede hacer aquello que no le está prohibido, y las autoridades, sólo lo que las leyes les permiten de manera expresa. Esto último sirve como dique contra el desorden y cualquier tentación de abusar del poder.

Este principio exige que el proceso electoral transcurra en el marco legal derivado de la Constitución, el cual regula la organización, la participación de los distintos actores, así como las atribuciones y el funcionamiento de las instituciones encargadas de organizar las elecciones.

La legalidad en los procesos electorales da confianza a la ciudadanía de que su voto será respetado y contado debidamente.

Principio de certeza. Existe certeza cuando cada participante en el proceso electoral (partidos, candidatos, ciudadanos) conoce previamente las reglas a las que debe sujetar su actuación y dispone de los elementos para prever cuáles serán las consecuencias jurídicas de sus acciones. También, cuando las actuaciones de las autoridades están fundadas en la ley y, por lo tanto, son confiables; por ello, este principio está directamente asociado con el de legalidad.

Certeza. Significa “conocimiento claro y seguro de algo”.

Principio de imparcialidad. Garantiza que la actuación de la autoridad electoral encargada de organizar la elección sea objetiva y no tenga favoritismo hacia alguno de los competidores. Si dicha autoridad viola este principio y busca inclinar artificialmente la balanza en favor de uno de los contendientes, vicia toda la elección y vulnera la voluntad de los votantes.

Principio de autonomía. La manera de garantizar la actuación imparcial de las autoridades electorales es que éstas sean autónomas. Esto implica que dichas autoridades cuenten con los medios propios y suficientes para cumplir su función, sean independientes de los otros poderes (Poder Ejecutivo y Poder Legislativo) y no estén sometidas a decisiones externas.

El INE es garantía de imparcialidad en las elecciones.

Principio de igualdad. Expresa el propósito general de tener elecciones basadas en una competencia justa y equilibrada. Se concreta en el igual derecho de los ciudadanos que cumplen los requisitos de ley a:

• Ser electos para cargos públicos.

• Votar en las elecciones.

• Acceder a la justicia electoral utilizando los recursos previstos en la ley para impugnar actos presuntamente ilegales que afecten sus derechos o la equidad de la contienda.

• Contender por un cargo de elección popular en igualdad de condiciones.

Para garantizar la igualdad en la contienda, en México los partidos políticos reciben recursos públicos que están obligados a usar conforme a la ley.

Principio de equidad. Debemos distinguir entre igualdad y equidad, porque tienen significados distintos. La igualdad reconoce los mismos derechos y obligaciones para todos y favorece una distribución igual de recursos, independientemente de la situación concreta de los distintos contendientes.

Pero, por ejemplo, otorgar los mismos recursos y en la misma cantidad a competidores que, de entrada, pueden contar con condiciones y capacidades muy diferentes podría, paradójicamente, alimentar la desigualdad. Aquí entra la equidad, un principio corrector que busca equilibrar, hasta donde sea posible, los términos de la competencia, al evitar que alguno de los contendientes disfrute de ventajas indebidas que se traduzcan en una competencia desequilibrada o desleal.

El delicado equilibrio entre igualdad y equidad es lo que define las fórmulas mediante las cuales los distintos sistemas electorales otorgan recursos a partidos y candidatos; por ejemplo, los relacionados con el acceso a recursos financieros públicos y a medios de comunicación para difundir sus programas y promover a sus candidatos.

Principio de universalidad. La democracia reconoce a todas las personas el derecho a participar políticamente, así como a elegir a quienes en su representación gobernarán y dictarán leyes. Este principio se concreta en el voto universal: todas las personas que tengan la calidad de ciudadanos que establece la Constitución tienen el mismo derecho a votar y su voto cuenta lo mismo, sin hacer distinciones entre personas (no importa si son pobres, ricas, indígenas, mestizas, campesinas, obreras, empresarias, sin estudios formales o con doctorado).

Principio de mayoría. Es el principio que permite decidir qué opción gana y qué decisión política se adopta. Prevalecerá la posición que tenga el mayor número de votos: ésa será la que valga para todos y la que deba considerarse legal, legítima y de acatamiento obligatorio.

Este principio es importante porque en una democracia el acuerdo unánime es imposible dada la pluralidad de la sociedad, la diversidad de grupos, intereses y proyectos existentes, la infinita cantidad de temas sobre los que es preciso decidir (ecología, salud, energía, inflación, comercio, y un interminable etcétera), así como la complejidad inherente a esas problemáticas.

Ya veíamos que una característica de la democracia es que no siempre ganan las mismas opciones, por lo que las mayorías y minorías no son fijas. Suelen cambiar: los que en una elección son mayoría en la siguiente pueden no serlo; los que están de acuerdo en un tema no lo están en otros; los que un día votaron a favor de una posición, luego se reagrupan de diversas maneras cuando los temas que se votan son otros.

Dato curioso. En México, la Constitución establece que los ciudadanos son aquellas personas de nacionalidad mexicana, de 18 años y más, que tiene un modo honesto de vida. Los ciudadanos que se registran en el Padrón electoral y tienen credencial para votar son quienes tiene derecho a sufragar en las elecciones.

El principio de mayoría tiene varios límites, uno de ellos es que funciona para una gama muy amplia de temas de política y gobierno, pero no se puede aplicar para decidir sobre los pilares del régimen democrático:

En una democracia, todas las personas que tengan calidad de ciudadana o ciudadano tienen derecho a votar y su voto cuenta lo mismo.

Ninguna mayoría puede restringir o suprimir:

• La realización, organización y procedimientos de las elecciones libres y competitivas.

• La división de poderes, las normas constitutivas del Estado de derecho y el carácter democrático del régimen.

• Los derechos de quienes quedaron en minoría, limitando sus libertades y su derecho a ser oposición e impidiéndoles actuar políticamente y convertirse en algún momento en una nueva mayoría.

En la red. Para que conozcas el sistema electoral mexicano, te recomendamos consultar la página del Instituto Nacional Electoral. En particular: http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Sistema_Politico_Electoral_Mexicano/

Reglas, instituciones y procedimientos

Los principios democráticos que acabamos de revisar expresan un deber ser que consideramos valioso, pero deben traducirse en normas, instituciones y procedimientos, así como en prácticas ciudadanas. Cuando esto no ocurre, se corre el riesgo de que se conviertan en enunciados huecos. Éste es un reto en todos los países que aspiran a ser democráticos y cada uno intenta enfrentarlo en función de su propia historia, de sus características socioculturales y de sus problemas.

México ha tenido que hacerlo partiendo de una realidad muy peculiar. Desde el término de la Revolución mexicana, el Estado se organizó formalmente como una república democrática, pero en la práctica, nuestro país no funcionaba como tal. Serios problemas impedían la plena expresión de la pluralidad política, situación que se prolongó hasta la década de 1970, cuando diversas luchas y movimientos sociales desembocaron en una serie de reformas electorales. La primera de ellas ocurrió en 1977 y la más reciente en 2014. En conjunto esas reformas fueron modificando aspectos fundamentales tanto del sistema electoral como del sistema de partidos políticos.

El propósito de esas reformas ha sido garantizar la libre expresión de la voluntad de la ciudadanía, el respeto al voto, la existencia de opciones que den cuenta de la diversidad política del país, la limpieza de las elecciones y el fortalecimiento de nuestra vida democrática.

Los cambios ocurridos en los últimos 40 años en el sistema electoral mexicano son numerosos, de una enorme complejidad y representan avances importantes. A continuación enunciamos los principales y te invitamos a seguir informándote porque de ti y de toda la ciudadanía depende que estos logros permanezcan y se profundicen:

Se ampliaron las posibilidades para la formación y el registro de nuevos partidos. Esto ha favorecido la expresión de la pluralidad política del país.

Se creó un organismo constitucionalmente autónomo, responsable de organizar las elecciones federales (y recientemente también las locales), independiente del Poder Ejecutivo: el Instituto Nacional Electoral (antes IFE) para garantizar la imparcialidad de los procesos electorales.

Se instituyó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para encauzar y resolver de manera definitiva las controversias en materia electoral y así evitar que quejas y protestas desborden los cauces institucionales o sean objeto de negociación política al margen de la ley.

Se creó el Programa Electoral de Resultados Preliminares (PREP) y otros mecanismos que buscan proveer información oportuna sobre el sentido de la elección, con el objeto de transparentar los resultados, evitando así la incertidumbre y la desconfianza ciudadanas.

Se mejoró y se depura constantemente el Padrón Electoral del que deriva la Lista Nominal de Electores. Este documento contiene los datos de los ciudadanos con credencial de elector y derecho a votar, y puede ser revisado por los partidos políticos y la ciudadanía. Si un ciudadano no aparece en la lista nominal, no podrá votar. Por eso es importante que ésta sea revisada.

Se introdujeron diversas medidas de seguridad a lo largo de todo el proceso electoral; el objetivo es evitar cualquier tentativa de fraude que sesgue el resultado final de la votación.

Se otorgan recursos públicos a los partidos políticos para que realicen sus trabajos ordinarios y sus campañas electorales. La autoridad electoral vigila que el uso de tales recursos sea correcto.

Se otorgan tiempos de radio y televisión para que los partidos promuevan su ideario, sus plataformas político-electorales y sus candidatos.

Se ha establecido que sean los ciudadanos, seleccionados mediante un proceso de sorteo, quienes integren las mesas directivas de casilla con el fin de que reciban la votación el día de la jornada electoral y hagan el primer conteo de los votos.

Si se comparan estos rasgos con los que prevalecieron, por ejemplo, entre 1946 y 1976, hay una diferencia abismal y una mejora sustantiva. Pero aún hay mucho qué hacer.

En la red. El INE también tiene materiales de lectura de fácil compresión. Te recomendamos Principios y valores de la democracia, así como Elecciones y democracia, que están disponibles, respectivamente, en estas direcciones electrónicas: http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2 DECEYEC/DECEYEC-CuadernosDivulgacion/2015/cuad_1.pdf

No hay fórmula mágica para terminar con males sociales como la corrupción, la inseguridad y la delincuencia, pero es imposible pensar en soluciones viables a éstos y otros problemas sin participación ciudadana. Y una forma fundamental de participación es la electoral: las y los jóvenes tienen mucho que aportar desde ahora y, por supuesto, cuando tengan la edad ciudadana, participando en las elecciones, votando y siendo parte de las decisiones políticas que a todos nos interesan y nos afectan.

Algunos retos para tener una ciudadanía democrática y activa

• Fortalecer en la ciudadanía los valores y las prácticas de la cultura democrática: apego a la legalidad, tolerancia, diálogo, participación, entre otros.

• Fortalecer la confianza de la ciudadanía en la política y en los políticos.

• Aumentar los niveles de participación electoral para combatir al abstencionismo.

• Reforzar el rechazo de la ciudadanía ante cualquier intento de compra de su voto o de presión para que elija determinada opción.

Algunos retos para mejorar el sistema y el proceso electorales

• Perfeccionar la supervisión sobre cómo los partidos políticos usan los recursos públicos que se les otorga por la ley.

• Enriquecer la calidad de las campañas electorales: hay muchos spots, abundan las campañas de desprestigio al contrincante, y hay poco debate sobre las propuestas y programas de gobierno.

• Impedir que autoridades de distinto nivel sigan desviando recursos públicos para las campañas de los candidatos de su partido, mediante maniobras que son difíciles de detectar.

En resumen

En este segundo capítulo has conocido una precisión importante: los procesos de elección mediante el voto sólo son democráticos cuando cumplen con ciertas condiciones: la primera es que dicho proceso se abra al mayor número posible de personas interesadas o afectadas por la decisión a votar; la segunda es que se organice conforme a ciertos principios, que son los que están en la base de una sociedad democrática.

Ahora ya sabes que esos principios son los de legalidad, certeza, imparcialidad, autonomía, igualdad, equidad, universalidad y mayoría. Cada uno de ellos cumple una función específica y en conjunto garantizan la existencia de elecciones genuinamente libres, donde los electores pueden votar por opciones reales y distintas, y donde cada voto cuenta e influye en la decisión final.

No hay un principio que sea más importante que el resto: si uno de ellos falta, es posible que las elecciones no cumplan con su propósito de ser un método democrático y participativo de toma de decisiones.

Los principios se tienen que traducir en normas y procedimientos específicos que los concreten. De otra manera, corren el riesgo de quedarse en simples enunciados sin ningún peso ni implicación práctica. Cada país que se reivindica y aspira a ser democrático, intenta traducir los principios mencionados a normas, instituciones y procedimientos en función de su propia historia, necesidades y circunstancias.

En este capítulo has podido conocer los cambios que ha experimentado nuestro país en el ámbito político-electoral en los últimos 40 años. Las reformas impulsadas desde 1976 han buscado abrir cauces a la expresión de la pluralidad política del país, establecer reglas más equitativas para los contendientes, evitar prácticas fraudulentas en el proceso electoral y garantizar que la institución organizadora de las elecciones sea verdaderamente imparcial.

Estos cambios han sido graduales, pero han permitido al país transitar de un régimen caracterizado por el predominio casi absoluto de un solo partido, que ganaba prácticamente todo lo que se ponía en juego, a un régimen con elecciones limpias, más equitativas, donde los votos de los ciudadanos cuentan y se cuentan.

Han sido numerosas las modificaciones que ha experimentado el país en su sistema electoral. El capítulo que acabas de revisar menciona las más importantes. Tres de ellas han tenido particular significación: la creación de una institución organizadora de las elecciones de carácter autónomo respecto del gobierno y los partidos políticos a fin de garantizar elecciones imparciales; el establecimiento de instituciones y procedimientos para encauzar y resolver pacífica y legalmente los conflictos electorales, así como las quejas e inconformidades de la ciudadanía, de los partidos o de los candidatos; y la existencia de reglas que han permitido ampliar las opciones políticas.

El voto: la conquista de un derecho

Pequeño acto para grandes decisiones

El voto tiene una importancia crucial para la democracia, pero a veces se le mira con cierto desdén. Hay al menos tres motivos para ello:

El voto es visto como un acto simple, incluso mínimo

Visto aisladamente, votar es un acto mecánico, mínimo, que en apariencia le exige muy poco al ciudadano. Pero quienes opinan que se trata de un asunto simple pierden de vista que votar es la expresión de la voluntad individual, y que la suma de estas expresiones individuales constituye la voluntad popular. El voto es la base de decisiones políticas de la mayor relevancia, como la elección de quién nos gobierna, de modo que su simplicidad es engañosa: quienes se informan, analizan propuestas y votan, ejercen su poder y forman parte de las decisiones colectivas.

Se ve al voto como parte de una forma limitada de democracia: la democracia electoral

El voto no tiene el prestigio del cual gozaba en el pasado. Hoy se le asocia con una forma supuestamente menor de democracia: la democracia electoral, que demandaría una participación ciudadana elemental y limitada, comparada con fórmulas de democracia participativa. Esta contraposición entre formas de democracia es artificial.

La existencia tanto del derecho al voto como de elecciones genuinamente libres, periódicas, competitivas y plurales sigue siendo un criterio esencial para distinguir un régimen democrático de uno que no lo es. No hay democracia sin el voto popular. Es cierto que la democracia no se puede reducir a que los ciudadanos acudan a las urnas cada tres, cuatro o seis años y a que, entre elección y elección, se desentiendan de la política y de los asuntos de gobierno.

Una democracia viva requiere una participación amplia, activa y constante de la ciudadanía en la vida pública. Pero esas otras formas de participación prolongan y complementan la electoral, no la sustituyen: una vez que la ciudadanía elige a sus gobernantes, debe ejercer sus otros derechos políticos, supervisar cómo gobiernan y exigirles cuentas.

Se pierde de vista que el voto es una conquista, producto de luchas populares, y que se puede perder si no la defendemos

Algunas personas parecen olvidar que las elecciones libres, con resultados creíbles y confiables, la pluralidad política, los encendidos debates en el Congreso o las polémicas en los medios de comunicación no siempre han formado parte de nuestra vida política.

Lo mismo ocurre con el voto. En México, y en muchos otros países, no siempre ha existido el voto como la libre expresión de un derecho fundamental que habilita a las personas a participar en la elección de sus gobernantes y en las decisiones políticas. La obtención de este derecho es producto de luchas que costaron muchas vidas y que se prolongaron por décadas. Luchas que están lejos de concluir porque incluso donde el voto se encuentra bien establecido, éste y el resto de los derechos políticos característicos de la democracia siempre están amenazados por fuerzas que pretenden hacerse del poder excluyendo a las mayorías de las decisiones políticas.

Dato curioso. En la democracia directa los ciudadanos ejercen directamente el poder y toman decisiones en asamblea. Es propia de comunidades pequeñas y era la forma típica en la antigua Grecia. Actualmente se identifican como formas de democracia directa figuras como la iniciativa popular, el referéndum y el poder revocatorio.

Si se conoce cómo surgió el voto, las luchas emprendidas para que se reconociese como un derecho político de las masas y las amenazas a que está sometido, puede entenderse su significado profundo y tener elementos para valorar lo que perderíamos como personas y como sociedad si el derecho al voto desapareciera, se debilitara o se convirtiera en una pura formalidad.

Historia de una conquista

Seguramente has estudiado en la escuela que la historia conocida y documentada de la democracia se remonta a la antigua Grecia, donde se estableció hacia el año 508 a.n.e. (antes de nuestra era).

En la Grecia antigua el gobierno lo formaban consejos, tribunales, magistrados, etcétera, pero en el centro había una asamblea en la que participaban todos los ciudadanos. Los griegos no establecieron como requisito de ciudadanía el poseer propiedades o riqueza, de modo que eran ciudadanos con derecho a voto lo mismo aristócratas y nobles que artesanos y campesinos. La condición era que debían ser de origen griego y hombres. Esto significó la exclusión de la mayoría de la población: extranjeros, esclavos y mujeres.

Atenas contaba con una población de trescientas mil personas, de las que sólo treinta mil eran ciudadanos. En el resto de las pequeñas ciudades-Estado, que conformaban la antigua Grecia, los ciudadanos no sobrepasaban las mil quinientas personas, lo que facilitó el ejercicio de la democracia directa: en efecto, reunidos en asambleas, los ciudadanos tomaban directamente las decisiones políticas importantes, podían iniciar juicios públicos, proponer leyes y hacer sugerencias al Consejo.

Curiosamente, sólo unos pocos cargos relacionados con la gestión militar y financiera se elegían mediante el voto. La mayoría de los cargos administrativos y políticos se designaba por sorteo. Éste era visto como la expresión de la igualdad de los ciudadanos, pues se pensaba que cualquiera de ellos tenía la capacidad para cumplir funciones administrativas y de gobierno. También era una forma de asegurar que no llegaran a los cargos personas sólo debido a su riqueza, popularidad o elocuencia. En cualquier caso, los funcionarios estaban sometidos a una vigilancia rigurosa para asegurar que se desempeñaran correctamente.

La democracia griega, siempre amenazada por quienes pretendían restituir un sistema oligárquico en el cual unos pocos concentraran el poder, al final sucumbió tras la invasión de los macedonios en el año 322 a.n.e.

En la misma época, la República romana fue otra expresión del gobierno democrático. En un principio, el derecho a participar en el gobierno estaba restringido a los aristócratas, pero una serie de luchas de los plebeyos consiguió ampliar esa participación a las clases populares.

Mediante guerras de conquista, Roma se hizo de territorios inmensos. Aunque quienes conquistan suelen someter políticamente a las poblaciones conquistadas, Roma con frecuencia otorgó la ciudadanía romana a los pueblos conquistados. Sin embargo, las asambleas se celebraban en la capital del imperio, por lo que los nuevos ciudadanos en la práctica estaban imposibilitados para ejercer su derecho a participar.

Debido a la corrupción, la guerra y la ambición de unos pocos, el gobierno republicano se fue debilitando hasta que en el año 44 a.n.e. sobrevino un golpe de Estado que marcó el ocaso de los gobiernos populares. Tuvieron que pasar más de mil años para la aparición de gobiernos con participación popular en pequeñas ciudades-Estado del norte de Italia, hacia el año 1100, en cuyo centro se encontraba la República de Venecia.

Al principio, en el gobierno de estas ciudades sólo participaban miembros de las clases altas. Poco a poco, gracias a las luchas populares, más y más personas ganaron el derecho a participar e idearon un complejo sistema que combinaba elecciones y sorteos, diseñado para contener la influencia de las familias más adineradas. De nuevo, la corrupción, la guerra, la declinación económica y las ambiciones de gobernantes autoritarios debilitaron las instituciones participativas y abrieron paso a gobiernos oligárquicos.

Dato curioso. Si quieres saber más de la historia de la democracia, puedes consultar el libro de Robert Alan Dahl, La democracia: una guía para los ciudadanos, Editorial Taurus, 1999.

De manera paralela surgieron en los actuales países nórdicos diversas instituciones participativas. Aunque no se trataba propiamente de gobiernos democráticos, las asambleas, conocidas como Ting, eran espacios en los que los hombres vikingos libres resolvían sus problemas, discutían leyes, elegían rey y le hacían jurar fidelidad a las leyes aprobadas por el Ting. Como en la antigua Grecia, este sistema también excluía a esclavos y mujeres. El modelo se extendió a Islandia y luego a otras zonas, donde se desarrollaron asambleas regionales que constituyeron un contrapeso al poder de los reyes y la nobleza.

En este repaso histórico, conviene recordar que una de las instituciones características de la democracia contemporánea, el congreso o parlamento, fue inicialmente un espacio político restringido a quienes poseían riquezas y tierras. El parlamento tuvo su origen en los intentos de nobles y aristócratas de países nórdicos y de la Inglaterra medieval por limitar el poder de los reyes, el cual solía ser absoluto y arbitrario. Los primeros parlamentos estaban diseñados para defender sus privilegios, por ello, estos actores sólo prestaban obediencia al rey si les garantizaba el derecho a opinar y votar todo lo relacionado con las leyes y los impuestos. Luego los parlamentos evolucionaron.

En el siglo xviii, en los albores de la creación de los grandes Estados nacionales, la institución parlamentaria se transformó conforme fue ganando adeptos la idea de que, para ser legítimo y merecer obediencia, todo gobierno requiere el consentimiento de los gobernados. Este consentimiento se debía reflejar en la composición del parlamento, cuyos miembros dejaron de representar a la aristocracia y a la nobleza para convertirse en representantes electos de la clase social en ascenso: la burguesía.

Las revoluciones estadounidense (1776) y francesa (1789) establecieron el principio de soberanía popular como fundamento del gobierno, del cual derivó el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes mediante el voto universal. Sin embargo, estas nociones revolucionarias pronto enfrentaron obstáculos y retrocesos. En Francia se restauró el antiguo régimen, y en Estados Unidos, la inicial vocación universalista cedió ante una visión restringida de los derechos políticos, que excluyó durante largo tiempo a mujeres y personas negras de la condición de ciudadanía.

Dato curioso. En EE.UU., fue Wyoming el primer estado que concedió derecho de voto a la mujer en 1890. En 1920 se aprobó la Decimonovena enmienda, que otorgó ese derecho a las mujeres a nivel nacional. En Noruega el voto femenino se aprobó desde 1913, en Suecia en 1921, y en Reino Unido, en 1928.

Ello explica que, entre el siglo xviii y principios del xix, en los países empeñados en transitar del absolutismo hacia regímenes de corte liberal, las personas con derecho a voto fueran una absoluta minoría. Todavía en 1832, en Inglaterra, sólo tenía derecho a voto cinco por ciento de la población mayor de 20 años y, tras una lucha intensa, ese derecho se amplió a siete por ciento.

La bajísima proporción de personas con derecho a voto se debía a la vigencia del llamado voto censitario, restringido a quien acreditara un cierto nivel de propiedades o riqueza en monetario, además de saber leer y escribir. Estos requisitos los impusieron las clases altas, temerosas de que un voto genuinamente universal se tradujera en la irrupción de masas ignorantes y manipulables en la escena política, y en el fin de sus privilegios.

La naciente clase trabajadora, producto de la Revolución Industrial, vino a transformar el panorama: al luchar a favor de sus derechos laborales, cobró conciencia de que no podía obtener gran cosa si no tenía presencia en las instituciones políticas. Ése fue el origen del cartismo, movimiento popular en favor del derecho al voto que expresaba las demandas y aspiraciones de la clase obrera. No triunfó, pero sentó las bases de los movimientos a favor de los derechos políticos. Seis puntos condensaban la agenda del cartismo:

Sufragio universal masculino (a los hombres mayores de 21 años, cuerdos y sin antecedentes penales).

Voto secreto (para evitar presiones indebidas sobre los electores).

Sueldo anual para los diputados para así permitir que se pudieran dedicar al ejercicio de la política.

Elecciones anuales al parlamento con el propósito de evitar el soborno, aun con el riesgo de generar inestabilidad por la realización permanente de elecciones y el cambio continuo de representantes políticos.

Participación de los obreros en el parlamento mediante la abolición del requisito de propiedad para tener presencia en él.

Establecimiento de circunscripciones iguales, que asegurasen la misma representación al mismo número de votantes.

En el México independiente, en la primera mitad del siglo xix prevaleció el voto censitario y una forma de elección indirecta hasta en dos o tres etapas: es decir, las personas con derecho a voto elegían electores, quienes a su vez votaban y elegían al representante (el legislador o el presidente). Las elecciones indirectas eran otra prevención de las clases altas para evitar que los nuevos ciudadanos, procedentes de las clases populares, a las cuales se les atribuía ignorancia y falta de uso de razón, eligieran directamente representantes.

La Constitución de 1857 no estableció requisitos de posesiones o riqueza para tener la calidad de ciudadano. Con ello reconoció el voto universal (masculino), aunque mantuvo las elecciones indirectas. Si bien el derecho al voto formalmente se expandió, en la práctica pocos eran los que participaban; los comicios se prestaban a todo tipo de abusos y maniobras fraudulentas.

Ello explica que Porfirio Díaz se haya reelecto innumerables veces hasta sumar casi 30 años en el poder. De hecho, la gran demanda del movimiento maderista fue “Sufragio efectivo, no reelección”. Doble demanda: que el voto cuente y se cuente, y que se prohíba que los gobernantes se mantengan indefinidamente en el poder. Ya has estudiado en tus clases de historia que el fraude perpetrado por Díaz en las elecciones de 1910 desató la Revolución mexicana.

Las elecciones de 1912 para elegir diputados fueron las primeras de elección directa: los votantes eligieron a los legisladores. La Constitución de 1917 estableció nuestra condición de república democrática y popular, así como el derecho universal al voto que, sin embargo, en la práctica siguió como prerrogativa exclusiva de los hombres. Por esos años, al igual que en otras partes del mundo, diversos congresos feministas demandaron derechos políticos plenos para las mujeres.

En San Luis Potosí y en Yucatán los consiguieron desde la década de 1920. Elvia Carrillo Puerto fue la primera mujer electa diputada local en noviembre de 1923, pero tuvo que renunciar dos años después bajo amenazas de muerte.

El presidente Lázaro Cárdenas intentó reformar la ley con el fin de otorgar el derecho al voto a las mujeres en las elecciones federales, pero encontró fuerte resistencia dentro de su propio partido y la iniciativa fracasó. No fue sino hasta octubre de 1953, bajo la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, que se reformó el artículo 34 constitucional con el objetivo de reconocer expresamente que la calidad de ciudadanía correspondía tanto a hombres como a mujeres. En julio de 1955 fue la primera vez que las mujeres votaron en unas elecciones federales. En diciembre de 1969 se aprobó y publicó la reforma constitucional que otorgó la ciudadanía (y por lo tanto el derecho al voto) a partir de los 18 años. A partir de entonces México reconoció el derecho universal al voto, aunque faltaba todavía una lucha de casi 40 años para tener elecciones limpias y con resultados creíbles y confiables.

Derecho que no se ejerce, se atrofia

Los derechos políticos (a votar y ser votado, a organizarse políticamente y a participar en el gobierno de su país), son derechos humanos y, como tales, pertenecen a todas las personas y no caducan. Están consagrados en el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual establece el derecho de toda persona a participar en el gobierno de su país bajo el principio de que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público.

Nuestra Constitución reconoce plenamente esos derechos y señala que no podrán restringirse ni suspenderse salvo en los casos (excepcionales) previstos en ella. El derecho a votar en las elecciones populares figura en el artículo 35. Que esté en la Constitución este derecho no es asunto menor, pero lo verdaderamente importante es que se haga valer, porque al igual que pasa con los músculos, cuando no se ejercitan, se atrofian. En el caso de la política todavía es peor, ya que cuando la ciudadanía no ejerce sus derechos se abre la posibilidad de que cobren fuerza quienes aspiran a expulsar a las mayorías de la política. Así que, desde ahora, conviene que te prepares para ser un ciudadano que vota y participa en las decisiones importantes de la comunidad y del país.

En resumen

En los últimos años es frecuente encontrar autores que suelen hablar despectivamente de lo que denominan la democracia electoral en oposición a la democracia participativa. Desde su punto de vista, la primera sería una democracia de menor calidad porque sólo demanda una participación ciudadana escasa e intermitente (en cada elección), a diferencia supuestamente de la segunda, que exige un involucramiento más activo y permanente de los ciudadanos en la vida política.

Esta apreciación es doblemente errónea: en primer lugar, porque toda democracia es electoral o no es democracia. En otras palabras, la existencia de elecciones libres, periódicas y competitivas es condición indispensable para calificar a un régimen como democrático. Ahí donde los ciudadanos no pueden elegir libremente a sus gobernantes, sencillamente no hay democracia. En segundo lugar, porque carece de sentido oponer participación en elecciones y participación en otros ámbitos y momentos políticos. Es más sensato ver la participación ciudadana como un proceso: los ciudadanos votan para elegir gobernantes y luego tienen que encargarse de vigilar su desempeño, de exigirles cuentas, de demandar su atención para ciertos problemas públicos y de proponer y empujar determinadas iniciativas y políticas.

El tercer apartado, pues, busca reivindicar la importancia del voto, las elecciones y la participación ciudadana en las elecciones frente a los diversos intentos de desvalorizarlos. El voto puede parecer un acto mínimo, incluso mecánico, pero es el medio para tomar decisiones políticas de la mayor relevancia. Dar al voto el lugar que merece no implica abogar por que los ciudadanos se conformen con simplemente votar y luego irse a sus casas a esperar las siguientes elecciones. Hay que promover otras formas de participación ciudadana de manera que tengamos una democracia viva.

Defender el voto, además, es hacer honor a una historia de luchas que se remontan literalmente a siglos atrás y que costaron muchas vidas. El voto, vale recordarlo, es un derecho político que se obtuvo gracias a esos esfuerzos y sacrificios. No es un mero procedimiento técnico, sino la concreción de una aspiración democrática consistente en abrir el espacio de la política al pueblo, a las grandes masas, históricamente excluidas del poder político.

Ésa es la razón del recorrido histórico que presentamos en este apartado y que va desde la democracia en la antigua Grecia y la República romana hasta la obtención del derecho al voto por parte de grupos tradicionalmente discriminados (por ejemplo los afroamericanos en Estados Unidos), así como por parte de las mujeres y los jóvenes. No se trata de un recuento para que te aprendas nombres o memorices fechas, sino para que cobres conciencia del valor que tiene el derecho político de votar y de la importancia de que, llegado el momento, lo ejerzas, para lo cual debes prepararte desde ahora.

La conquista del voto a través del tiempo

El voto es un derecho político que se obtuvo gracias a esfuerzos y sacrificios a lo largo de la historia de la humanidad.

Grecia antigua

Tenían derecho al voto los aristócratas, nobles, artesanos y campesinos que fueran hombres y de origen griego. Se excluía a extranjeros, esclavos y mujeres.

República romana

En un principio, el derecho a participar en el gobierno estaba restringido a los aristócratas; posteriormente, los plebeyos consiguieron ampliar la participación a las clases populares.

Países nórdicos

Los hombres vikingos participaban en asambleas conocidas como Ting, que eran espacios en los que se resolvían sus problemas, discutían leyes, elegían reyes y les hacían jurar fidelidad a las leyes aprobadas por el Ting.

Revoluciones estadounidense y francesa

Establecieron el principio de soberanía popular, del cual derivó el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes mediante el voto universal. Aunque lo anterior realmente se logró mucho tiempo después.

México independiente

Prevaleció el voto censitario, privilegio que sólo tenían las clases altas y que utilizaban para evitar que quienes carecían de propiedades y riquezas pudieran participar en la política.

Constitución de 1857

No estableció requisitos para posesiones o riqueza para tener la calidad de ciudadano. Reconoció el voto universal, pero sólo a los hombres.

Constitución de 1917

Estableció para el país la condición de república democrática y popular, así como el derecho al voto universal, pero sólo a los hombres.

Voto de las mujeres

En julio de 1955 fue la primera vez que las mujeres mexicanas votaron en unas elecciones federales.

Voto para los jóvenes

En diciembre de 1969 se aprobó y publicó la reforma constitucional que otorgó la ciudadanía (y por lo tanto el derecho al voto) a partir de los 18 años.

José Luis Gutiérrez Espíndola es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con estudios de maestría en Ciencias de la Comunicación en la División de Estudios de Posgrado de la FCPyS, y maestro en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica por la Universidad de Alcalá, España.

Ha desempeñado diversos cargos en instituciones del sector público como la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Instituto Federal Electoral, entre otras instituciones. Es autor de Cultura de Justicia Electoral (TEPJF, 2013), Educación. Formación Cívica y Ética (Cal y Arena, 2007), Introducción al estudio de la opinión pública (UNAM, 1995), Un diario para la revolución (El Nacional, 1989) y Prensa obrera (Ediciones El Caballito, 1983). Además, ha publicado numerosos artículos y trabajos académicos en libros colectivos, revistas especializadas y de divulgación.

Este libro de la colección Árbol te invita a profundizar tu conocimiento sobre el significado del voto en la democracia, a reflexionar sobre el compromiso que demanda de los ciudadanos y de quienes, como tú, dentro de muy pocos años ejercerán en las urnas el poder de decidir el gobierno.

La democracia no se agota al ejercer el derecho a votar en elecciones libres, periódicas y competitivas, ahí comienza. En este texto encontrarás una descripción de las características que hacen del voto un método democrático y participativo para tomar decisiones, así como un breve recuento que revela la historia de la lucha y los esfuerzos por conquistar este derecho político, crucial en nuestras sociedades.