Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 
INE/CG14/2019 
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INE/Q-COF-UTFll 43/2018/NL 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 
ASÍ COMO SU CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 
MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, EL C. PATRICIO EUGENIO 
ZAMBRANO DE LA GARZA, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
EXTRAORDINARIO 2018 EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, IDENTIFICADO 
CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTFll43/2018/NL 
Ciudad de México, 23 de enero de dos mil diecinueve. 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTFll43/2018/NL. 
ANTECEDENTES 
l. Escrito de queja. El trece de diciembre de dos mil dieciocho, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización, el oficio INE/JLE/NUUTF-EF/659/2018, signado 
por el Enlace de Fiscalización adscrito en la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual remite el escrito de 
queja presentado por el C. Pedro Alejo Rodríguez Martínez, en su carácter de 
candidato independiente al cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Monterrey, Nuevo León, en contra del Partido del Trabajo y su candidato a la 
Presidencia Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Patricio Eugenio 
Zambrano de la Garza, en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018 en el estado de Nuevo León, denunciando hechos que en su consideración 
podrían constituir infracciones a la normatividad en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos. (Fojas de la 1 a la 15 del expediente) 
11. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción 11, incisos b) y c) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los 
hechos denunciados y se listan los elementos probatorios aportados: 
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"HECHOS 
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PRIMERO. En fecha 01 de julio de 2018, se llevó a cabo la Jornada Electoral para la 
renovación del Congreso del Estado de Nuevo León y Ayuntamientos. 
SEGUNDO. El 04 de julio del año en curso, inició la Comisión Municipal Electoral de 
Monterrey con el cómputo municipal, y concluyó el día 09 del mismo mes, con la 
declaración de validez de la elección y la entrega de las constancias de mayoría a la 
planilla de candidatos postulada por el Partido Acción Nacional, así mismo se realizó la 
asignación de regidores del principio de representación proporcional. 
TERCERO. El 17 de agosto de 2018, el Tribunal Local dictó sentencia dentro del Juicio 
de Inconformidad Jl-243/2018 y sus acumulados, a través del cual se determinó dejar 
sin efectos las constancias de mayoría y asignación de regidurías por el principio de 
representación proporcional expedidas; ordenó entregar la constancia de mayoría a la 
planilla postulada por el Partido Revolucionario Institucional; y realizar una diversa 
asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, tomando en 
cuenta los nuevos resultados del cómputo municipal. 
CUARTO. El 21 de agosto de 2018, la Comisión Municipal emitió el Acuerdo a través 
del cual dio cumplimiento a la sentencia señalada en el hecho anterior. 
QUINTO. En fecha 18 de octubre de 2018, la Sala Regional dictó sentencia dentro del 
expediente SM-JDC-765/2018 y sus acumulados, mediante la cual se modificó la 
diversa emitida por el Tribunal Local referida en el hecho tercero, dejando sin efectos la 
recomposición del cómputo municipal realizado por la autoridad responsable, 
modificando los resultados electorales, asignó las regidurías de representación 
proporcional; asimismo dejó sin efectos la constancia de mayoría expedida a la planilla 
postulada por el Partido Revolucionario Institucional, y ordenó expedir y entregar las 
constancias de mayoría a la planilla postulada por el Partido Acción Nacional, así como 
las de representación proporcional asignadas. 
SEXTO. El 30 de octubre de 2018, la Sala Regional dictó sentencia dentro del 
expediente SUP-REC-1638/2018 y sus acumulados, a través de la cual revocó la 
resolución impugnada y declaró la nulidad de la elección del municipio de Monterrey, 
Nuevo León. 
SÉPTIMO. En fecha 01 de noviembre de 2018 la Comisión Estatal Electoral, emitió la 
convocatoria para la celebración de la elección extraordinaria en el Municipio de 
Monterrey, Nuevo León, con motivo del cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del Recurso 
de Reconsideración SUP-REC-1638/2018 y acumulados. 
OCTAVO. En fecha 02 de noviembre de 2018, la Comisión Estatal Electoral, aprobó el 
Calendario Electoral para la celebración de la elección extraordinaria 2018 en el 
municipio de Monterrey, Nuevo León. 
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NOVENO. En fecha 16 de noviembre de 2018, la Comisión Estatal Electoral en 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, 
dentro del Juicio de Inconformidad Jl-320/2018 y su acumulado Jl-321/2018, resolvió la 
modificación del calendario electoral y emplazó a los partidos políticos para que 
externen su voluntad respecto a la forma en que participarán en dicha elección. 
DÉCIMO. En fecha 06 de diciembre del presente año a través de las principales 
televisaras y emisoras de radio en esta ciudad, está circulando un spot a favor del 
candidato PATRICIO EUGENIO ZAMBRANO DE LA GARZA y el Partido del Trabajo, 
del cual se hace la siguiente descripción: 
Duración del video: 0.30 segundos/ treinta segundos 
El candidato menciona lo siguiente: Vengo a servir, no a gobernar, soy Pato Zambrano 
candidato a la alcaldía por Monterrey y recuérdalo Monterrey no ne4cesita patrones, 
necesita servidores, alguien tiene que empezar, mejores calles, mejor aire, mejores 
parques, mejores escuelas. Te ofrezco honestidad, transparencia y rendición de 
cuentas, además recuerda se acabarán los moches, te invito a este nuevo despertar. 
Voz en off: Vota por Pato Zambrano, Vota por la coalición Juntos Haremos historia, por 
Monterrey. 
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Por Monterre 
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CONSIDERACIONES DE DERECHO 
El candidato PATRICIO EUGENIO ZAMBRANO DE LA GARZA, y el Partido del 
Trabajo, violenta los principios de equidad y legalidad sustento de la competencia 
electoral, contenidos en el artículo 41 de la Constitución Federal; mismo que establece 
que la Ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera 
equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que 
se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, 
debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado, 
mediante esta conducta infractora con la cual obtienen condiciones ventajosas sobre 
todos sus contrincantes en la presente elección, ya que esta conducta ilegal causa 
perjuicio a sus derechos. 
El legislador federal encomendó al Instituto Nacional Electoral que a través de sus 
órganos (Unidad Técnica y Comisión de Fiscalización) la tarea permanente de vigilar y 
controlar que se acaten debidamente todas las obligaciones que a tales entes 
corresponde con motivo del financiamiento para la realización de sus actividades 
ordinarias, así como las tendentes a obtener el voto ciudadano. 
Así es que corresponde al Instituto Nacional Electoral llevar a cabo la fiscalización de 
las finanzas de /os partidos políticos y de las campañas de los candidatos, así como la 
resolución de las quejas que se presenten en materia de fiscalización, facultad ejercida 
por conducto de su Comisión de Fiscalización, a la que a su vez cuenta con una Unidad 
Técnica. 
De ahí, que, en los procedimientos instaurados con motivo de las quejas en materia de 
fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos Nacionales, la señalada Unidad 
Técnica de Fiscalización debe realizar todas las indagatorias que sean necesarias y 
útiles para allegarse de información que le permita detectar irregularidades en el manejo 
de los recursos de tales entes. 
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Asimismo, en relación a las facultades investigadoras del Instituto Nacional Electoral se 
debe tener presente, que el legislador federal estableció que en los casos en que se 
incumpla con las obligaciones previstas en el artículo 41, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de instituciones y Procedimientos 
Electorales, compete al Instituto Nacional Electoral la sustanciación de los 
procedimientos sancionadores correspondientes. 
En relación con los procedimientos sancionadores, la normativa establece que las 
facultades de investigación para el conocimiento cierto de los hechos, se realizarán de 
forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y exhaustiva, en cuyo caso 
podrá requerir a las personas físicas y morales la entrega de las informaciones y 
pruebas que sean necesarias, tratándose del procedimiento en materia de quejas sobre 
financiamiento y gasto de los partidos políticos. 
Las anteriores conductas constituyen una grave violación a lo dispuesto en las 
siguientes Leyes electorales: 
Ley General de Partidos Políticos 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
( ... ) 
s) Elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos a que se refiere la 
presente Ley; 
t) Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso 
a su información les impone, y 
u) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables. 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
Artículo 30. 
Son fines del Instituto: 
( ... ) 
h) Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al 
Estado en radio y televisión destinado a los objetivos propios del Instituto, a los de otras 
autoridades electorales y a garantizar el ejercicio de los derechos que la Constitución 
otorga a los partidos políticos en la materia. 
Artículo 159. 
( ... )
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4. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en 
ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en 
cualquier modalidad de radio y televisión. Tampoco podrán contratar los dirigentes y 
afiliados a un partido político, o cualquier ciudadano, para su promoción personal con 
fines electorales. La violación a esta norma será sancionada en los términos dispuestos 
en el Libro Octavo de esta Ley. 
5. Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá 
contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias 
electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de 
candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio 
nacional de este tipo de propaganda contratada en el extranjero. Las infracciones a lo 
establecido en este párrafo serán sancionadas en los términos dispuestos en esta Ley. 
Artículo 226. 
( ... ) 
5. Queda prohibido a los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular, en 
todo tiempo, la contratación o adquisición de propaganda o cualquier otra forma de 
promoción personal en radio y televisión. La violación a esta norma se sancionará con la 
negativa de registro como precandidato o, en su caso, con la cancelación de dicho 
registro. De comprobarse la violación a esta norma en fecha posterior a la de 
postulación del candidato por el partido de que se trate, el Instituto negará el registro 
legal del infractor. 
Artículo 443. 
l. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos 
Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley; 
b} El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Instituto o de los Organismos 
Públicos Locales; 
( ... ) 
h) El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la presente Ley en 
materia de precampañas y campañas electorales; 
i) La contratación, en forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier 
modalidad en radio o televisión; 
( ... ) 
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/) El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo Y comprobación de sus 
recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y destino de los 
mismos; 
( ... ) 
n) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley. 
( ... ) 
Por tanto, en el caso que nos ocupa, resulta un hecho notorio la existencia de la 
irregularidad detectada ya que el spot señalado del candidato PATRICIO EUGENIO 
ZAMBRANO DE LA GARZA y el PARTIDO DEL TRABAJO, presuntamente están 
pagando por propaganda electoral ilegalmente, y además de esto estar utilizando 
indebidamente los lagos de los Partidos Encuentro Social y MORENA que renunciaron 
a su derecho de participar en la elección extraordinaria del municipio de Monterrey, 
Nuevo León este próximo 23 de diciembre. 
La prohibición constitucional de adquirir tiempos en la radio y televisión con fines 
electorales implica que cualquier persona física o moral puede contratar 
propaganda en radio y televisión cuando no esté dirigida a influir en las 
preferencias electora/es de los ciudadanos, o a favor o en contra de partidos 
políticos o de candidatos a cargos de elección popular. 
[Énfasis añadido] 
Por lo tanto, de acuerdo al criterio del TEPJF, "la infracción a la norma constitucional 
por parte de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión se surte, desde el 
momento en que la propaganda difundida en los medios de comunicación, en su caso, 
favorezca a un partido político, sin importar la naturaleza del objeto de promoción (basta 
con que se difunda en la televisión propaganda política o electoral), o que medie algún 
contrato". 
En razón de todo lo expuesto, queda acreditado el agravio a los electores y demás 
partidos políticos contendientes en la entidad al violentarse el artículo 41 de la 
Constitución Federal. 
MEDIDAS CAUTELARES 
Conforme a lo denunciado y expuesto, se solicita a la autoridad electoral que se 
decreten las medidas cautelares que impiden continuar con la difusión de la 
propaganda electoral del candidato a la Presidencia Municipal de Monterrey, Nuevo 
León, PATRICIO EUGENIO ZAMBRANO DE LA GARZA y el PARTIDO DEL 
TRABAJO. 
Conforme a /os artículos 41 de la Constitución Federal; 210, numeral 1, 470, inciso c, y 
471 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 43 y 45 de la 
Constitución Local; y 3, 368, 370 y 371, letra f, de la Ley Electoral del Estado, la 
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conducta viola la ley, causando en mi perjuicio daño a mis derechos y a los electores 
por el engaño buscado. 
En consecuencia, no debe permitirse al denunciado condiciones diferentes, ilegales y 
con ventaja, lo que genera una desigualdad en la contienda en la elección del 
Ayuntamiento de Monterrey. 
En el caso concreto, es aplicable el contenido de la jurisprudencia 14/2015, emitida por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro 
cita: MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA. 
PRUEBAS 
1.- Documental. La que consiste en copia simple de mi credencial de elector. Esta 
prueba justifica la personalidad para comparecer a denunciar. 
2. Documental Vía Informe. La que consiste en el oficio que el Instituto Nacional 
Electoral deberá girar a las Televisaras Locales a efecto de que informe si el 
denunciado o por tercera persona, contrato o adquirió tiempo en televisión para su 
promoción personal. 
3.-Técnica. Consistente un disco compacto con el contenido del spot realizado por el 
candidato PATRICIO EUGENIO ZAMBRANO DE LA GARZA y del PARTIDO DEL 
TRABAJO. 
4.-Presuncionales, Legales y Humanas. En su doble aspecto legal y humana, en todo 
lo que favorezca a mis intereses. 
111. Acuerdo de recepción. El dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, la 
Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja 
mencionado, radicarlo bajo el número de expediente 
INE/Q-COF-UTFn43/2018/NL; y notificar la recepción del escrito de queja al 
Secretario del Consejo General y al Presidente de la Comisión de Fiscalización del 
Instituto. (Fojas 16 y 17 del expediente) 
IV. Notificación de recepción al Secretario del Consejo General. El dieciocho 
de diciembre del dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/47640/2018, la 
Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General la 
recepción del escrito de queja de mérito. (Foja 18 del expediente) 
V. Notificación de recepción al Presidente de la Comisión de Fiscalización. El 
dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/47641/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
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Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización la recepción del escrito de 
mérito. (Foja 19 del expediente) 
VI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el 
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en lo general en la Primera Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, celebrada el dieciocho de enero de dos mil diecinueve, por 
mayoría de votos de los Consejeros Electorales integrantes de dicha Comisión: las 
Consejeras Electorales Dra. Adriana Margarita Favela Herrera y los Consejeros 
Electorales Miro. Marco Antonio Baños Martínez, Dr. Ciro Murayama Rendón, y el 
Presidente de la Comisión, Dr. Benito Nacif Hernández y con el voto en contra de 
la Consejera Electoral Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 
Una vez analizada la naturaleza de las constancias que obran en el expediente de 
cuenta, se procede a determinar lo conducente. 
CONSIDERANDO 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 
428, numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 5, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de 
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución. 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b), de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
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General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución. 
2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una 
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, 
procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza 
alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el desechamiento del 
procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida 
constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia 
planteada. 
Visto lo anterior, en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, con relación al 31, 
numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización; los preceptos señalan que: 
"Artículo 30 
Improcedencia 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
( ... ) 
VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos 
denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá 
de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u 
órgano que resulte competente para conocer del asunto; 
( ... ) 
Artículo 31. 
Desechamiento 
1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el 
Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente, 
atendiendo a los casos siguientes: 
l. Se desechará de plano el escrito de queja, sin que anteceda prevención 
a la parte denunciante, cuando no se cumplan los requisitos del artículo 29, 
numeral 1, fracciones I o 111, o bien, se actualice alguno de los supuestos 
señalados en las fracciones 11, IV, V, VI o VII del numeral 1 del artículo 30 
del Reglamento. 
( ... )" 
En el caso que nos ocupa, el quejoso denuncia que fue adquirido de forma ilegal 
tiempo en televisión para difundir un spot, el seis de diciembre de dos mil 
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dieciocho en beneficio del entonces candidato a Presidente Municipal de 
Monterrey, Nuevo León postulado por el Partido del Trabajo, el C. Patricio Eugenio 
Zambrano de la Garza, ello en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 
2017-2018. 
Si bien en su escrito de queja hace referencia a las facultades de la autoridad 
nacional electoral en materia de fiscalización, Es así, que de la lectura integral del 
escrito de queja, específicamente en la parte en la que se narran los hechos, se 
desprende que se denuncia la presunta compra y adquisición de tiempos en 
televisión para la difusión de un spot, por lo que la materia del presente asunto es 
diversa a la competencia en materia de fiscalización que le corresponde a esta 
autoridad electoral. 
Al respecto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Normatividad electoral, señalan lo siguiente: 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
"Artículo 41 
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración 
participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y 
los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta 
función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad serán principios rectores. 
El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en 
sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en 
su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El 
Consejo General será su órgano superior de dirección( ... ); la ley determinará 
/as reglas para la organización y funcionamiento de /os órganos, /as relaciones 
de mando entre éstos, así como la relación con /os Organismos Públicos 
Locales. 
( ... ) 
Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en /os términos que 
establecen esta Constitución y las leyes: 
a) Para /os Procesos Electora/es Federales y locales: 
11 
,s\l10S ,!¡, 
,t, f; 9i 
/;j ,¡p 
1, IJ! 
... Y!f~=:: ;;;.>-. 
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( ... )
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6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y 
candidatos, y ( ... ) 
La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de 
los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. La ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización 
de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos dependientes 
del mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los 
procedimientos para la aplicación de las sanciones correspondientes. En el 
cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no estará limitado por 
los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las 
autoridades federales y locales." 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
"Artículo 35. 
1. El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 
materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen 
todas las actividades del Instituto. 
( ... ) 
Artículo 190. 
1. La fiscalización de los partidos políticos se realizará en los términos y 
conforme a los procedimientos previstos por esta Ley y de conformidad con 
las obligaciones previstas en la Ley General de Partidos Políticos. 
2. La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas 
de los candidatos estará a cargo del Consejo General por conducto de su 
comisión de fiscalización. 
Artículo 191 
1. Son facultades del Consejo General del Instituto las siguientes: 
( ... ) 
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d) Vigilar que el origen y aplicación de los recursos de los partidos políticos observen 
las disposiciones legales; 
(. . .) 
g) En caso de incumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización y 
contabilidad, imponer las sanciones que procedan conforme a la normatividad 
aplicable, y 
( ... ) 
Artículo 196. 
1. La Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del 
Instituto es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de 
los informes que presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de 
financiamiento, así como investigar Jo relacionado con las quejas y 
procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los partidos 
políticos. 
( ... )
Artículo 199. 
1. La Unidad Técnica de Fiscalización tendrá las facultades siguientes: 
a) Auditar con plena independencia técnica la documentación soporte, así 
como la contabilidad que presenten los partidos políticos y en su caso, 
candidaturas independientes en cada uno de los informes que están obligados 
a presentar; 
( ... ) 
c) Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen 
exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos; 
d) Recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de precampaña y 
campaña, de los partidos políticos y sus candidatos; 
e) Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de 
los informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de 
cualquier otro aspecto vinculado a los mismos; 
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f) Proponer a la Comisión de Fiscalización la práctica, directa o a través de 
terceros, de auditorías a las finanzas de los partidos políticos; 
g) Presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados, 
dictámenes consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías y 
verificaciones practicadas a los partidos políticos. En los informes se 
especificarán, en su caso, las irregularidades en que hubiesen incurrido los 
partidos políticos en la administración de sus recursos, el incumplimiento de la 
obligación de informar sobre su aplicación y propondrán las sanciones que 
procedan conforme a la normatividad aplicable; 
h) Verificar las operaciones de los partidos políticos con los proveedores; 
( ... ) 
k) Presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución 
respecto de las quejas y procedimientos en materia de fiscalización; 
I) Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de 
ciudadanos que pretendan obtener registro como partido político, a partir del 
momento en que notifiquen de tal propósito al Instituto, en los términos 
establecidos en esta Ley y demás disposiciones aplicables; 
( ... ) 
o) Proponer a la Comisión de Fiscalización las sanciones a imponer de 
acuerdo a la gravedad de las faltas cometidas. 
( ... )" 
Por consiguiente, de conformidad con lo establecido por el artículo 41, Base V, 
Apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los artículos antes transcritos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General, a través de la 
Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, tiene a su 
cargo la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos; 
coaliciones; candidatos a cargos de elección popular federal y local; aspirantes y 
candidatos independientes federales y locales; agrupaciones políticas nacionales; 
organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir un Partido Político 
Nacional y organizaciones de observadores electorales a nivel federal. 
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En este contexto, los preceptos antes transcritos dejan claro que la función de la 
autoridad electoral es verificar el origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos empleados por los sujetos obligados para la consecución de sus 
actividades, en este orden de ideas el cumplimiento de sus obligaciones permite a 
la autoridad electoral contar con la documentación comprobatoria necesaria para 
verificar el adecuado manejo de los recursos que los sujetos obligados reciban y 
ejerzan, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de 
cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado democrático. 
Al efecto, es importante destacar que el artículo 23, numeral 1, inciso d) de la Ley 
General de Partidos Políticos, establece como derecho de los partidos políticos, el 
recibir del financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás leyes federales o locales 
aplicables. 
Por su parte el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que los 
partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, 
independientemente de las demás prerrogativas en la misma Ley, señalando que 
los conceptos a que deberá destinarse el mismo, será para el sostenimiento de las 
actividades siguientes: 
• Actividades ordinarias permanentes, 
• Gastos de campaña, y 
• Actividades específicas como entidades de interés público. 
De lo expuesto, se sigue que los partidos políticos para lograr sus cometidos, 
pueden y deben desarrollar, en lo general, básicamente dos tipos de 
actividades: 
a) Las actividades políticas permanentes, que a su vez se clasifican en: 
• Las destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos 
estatutarios; las tendentes, mediante propaganda política (relativa a la 
divulgación de su ideología y de su plataforma política), a promover la 
participación del pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la 
integración de la representación nacional, así como a incrementar 
constantemente el número de sus afiliados, todas las cuales deben ser 
realizadas de manera permanente y, 
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• Para el desarrollo de las actividades específicas, relativas a la educación, 
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas 
editoriales, pues precisamente contribuyen a que la ciudadanía se involucre y 
participe en la vida democrática del país. 
b) Las actividades específicas de carácter político electoral, como aquéllas que se 
desarrollan durante los procesos electorales a través de las precampañas y las 
campañas electorales, mediante propaganda electoral y actos de precampaña y 
de campaña, y que tienen como objetivo básico la selección de las personas que 
serán postuladas a un cargo de elección popular, la presentación de su Plataforma 
Electoral, y la obtención del voto de la ciudadanía, para que sus candidatos 
registrados obtengan los sufragios necesarios para acceder a los cargos de 
elección popular. 
Por su parte, el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos 
Políticos, impone la obligación a los mismos de aplicar el financiamiento de que 
dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas por la misma 
Legislación Electoral , exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y campaña, así como para 
realizar las actividades enumeradas en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 23 del 
mismo ordenamiento legal antes aludido. 
De lo anterior, se sigue que respecto del financiamiento público y privado de los 
partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas 
en las normas constitucional y legal antes citadas y que el mismo deberá ser 
reportado y comprobado para que esta autoridad tenga certeza del origen que 
tiene dicho recurso. 
Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos 
políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre 
la sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en 
la Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, 
distinguiéndose de cualquier otra institución gubernamental. 
Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés 
público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las 
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de 
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elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y 
de campaña. 
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con 
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos y permisión a recibir 
financiamiento privado, se encuentra limitado en cuanto al destino y origen que 
tengan los mismos, en tanto que por definición, el financiamiento de los partidos 
políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede corresponder con los 
fines señalados por la ley y provenir de las personas que no están prohibidas 
dentro de la Legislación Electoral. 
Así las cosas, la competencia es un concepto que refiere la titularidad de una 
potestad que un órgano de autoridad posee sobre una determinada materia y 
ámbito de jurisdicción; es decir, se trata de una circunstancia subjetiva o inherente 
del órgano, de manera que cuando éste sea titular de los intereses y potestades 
públicas que le confiera la ley, éste será competente. 
Esa competencia le otorga la facultad para realizar determinados actos acorde al 
orden jurídico establecido por el legislador, éstos le son atribuibles a determinada 
autoridad; en virtud de lo anterior, es dable señalar que ésta siempre debe ser 
otorgada por un acto legislativo material, o en su caso, por medio de leyes 
secundarias, acuerdos o decretos; a fin de que los órganos puedan cumplir las 
atribuciones que el estado les tiene encomendadas. 
En un Estado de Derecho no se concibe la existencia de un órgano de autoridad 
sin competencia; como efecto de que esta es constitutiva del órgano, la misma no 
se puede renunciar ni declinar, sino que, por el contrario, su ejercicio debe 
limitarse a los términos establecidos por la ley y el interés público. 
Por lo tanto, la competencia refiere el ámbito, la esfera o materia dentro del cual 
un órgano de autoridad puede desempeñar válidamente sus atribuciones y 
funciones; en ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 16, establece lo siguiente: 
"Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. ( .. .)" 
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Dicha referencia a la autoridad competente engloba cualquier tipo de ésta, ya sea 
legislativa, administrativa o judicial; así pues, el ánimo del constituyente tuvo por 
objeto que el gobernado tuviera con ello la garantía de que los actos de molestia 
dirigidos a éste, provengan siempre de una autoridad competente, es decir, 
emanen de una autoridad que actúa en un ámbito o esfera dentro de los cuales 
puede válidamente desarrollar o desempeñar sus atribuciones y funciones. 
Así pues, justificar expresamente cada supuesto es importante atendiendo a que 
en la actuación de los órganos de carácter administrativo se pueden realizar 
considerables actos que afectan o impactan los intereses particulares, se hace 
necesario que esos intereses se encuentren garantizados contra la arbitrariedad; 
en virtud de ello, es que el legislador impone la obligación de que una ley autorice 
la actuación del Poder Público, así éstos serán realizados dentro de normas 
legales. 
Es por ello que del análisis de los hechos denunciados, a la luz de las atribuciones 
de esta autoridad, permite determinar si es facultad de este Consejo General y de 
la propia Unidad Técnica de Fiscalización, desplegar su actividad para dar 
atención a la petición del quejoso que, en el caso, pretende que la autoridad 
electoral se pronuncie respecto de conductas presuntamente cometidas por el 
Partido del Trabajo y su entonces candidato a la Presidencia Municipal de 
Monterrey, Nuevo León, el C. Patricio Eugenio Zambrano de la Garza, en concreto 
por la presunta compra y adquisición de tiempos en televisión por la difusión de un 
spot. 
En la especie, de conformidad con lo establecido en los artículos 162 y 471 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Secretario del 
Consejo General es el competente para conocer las denuncias presentadas por 
compra y adquisición de tiempos en radio y televisión, esto a través del 
procedimiento respectivo, a continuación, se transcriben para mayor claridad: 
"Artículo 162. 
1. El Instituto ejercerá sus facultades en materia de radio y televisión a 
través de los siguientes órganos: 
a) El Consejo General; 
b) La Junta General Ejecutiva; 
c) La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; 
d) El Comité de Radio y Televisión; 
e) La Comisión de Quejas y Denuncias, y 
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f) Los Vocales Ejecutivos y juntas ejecutivas en los órganos 
desconcentrados, locales y distritales, que tendrán funciones auxiliares en 
esta materia. 
( ... ) 
Artículo 471. 
1. Cuando la conducta infractora esté relacionada con propaganda política 
o electoral en radio y televisión en las entidades federativas, la autoridad 
electoral administrativa competente presentará la denuncia ante el Instituto. 
( ... ) 
4. El órgano del Instituto que reciba o promueva la denuncia ta remitirá 
inmediatamente a ta Unidad Técnica de to Contencioso Electoral de ta 
Secretaría Ejecutiva, para que ésta la examine junto con las pruebas 
aportadas." 
Ahora bien, resulta pertinente señalar el criterio orientador emitido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el 
expediente identificado como SUP-RAP-522/2016, toda vez que en el mismo 
estableció los elementos que se deben tomar en cuenta para decretar la 
incompetencia por parte de la Unidad de Fiscalización, el cual para mayor claridad 
transcribe a continuación. 
"Así, tomando en consideración el marco normativo expuesto, esta Sala 
Superior considera que -como lo sostuvo la autoridad responsable- la Unidad 
de Fiscalización carece de competencia para conocer de la queja en cuestión, 
pues: a) de tas disposiciones aplicables al caso no se desprende su 
competencia; b) la Ley prevé expresamente la competencia de la Unidad de 
Jo Contencioso para conocer de violación de esa naturaleza; y c) los 
servidores públicos no son sujetos obligados en términos del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización." 
Asimismo, el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que el sistema de distribución de competencias para 
conocer, sustanciar y resolver los procedimientos sancionadores previstos en la 
normativa electoral atiende, esencialmente, a la vinculación de la irregularidad 
denunciada con algún proceso comicial, ya sea local o federal, así como al ámbito 
territorial en que ocurra y tenga impacto la conducta ilegal. 
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De lo antes expuesto es posible desprender las conclusiones siguientes: 
• Que la pretensión del quejoso es que se determine la existencia de una 
vulneración a disposiciones normativas en materia de radio y televisión por 
la compra y adquisición de tiempos en televisión. 
• Que la competencia de la autoridad nacional electoral para instaurar un 
procedimiento en materia de fiscalización versa sobre el origen, monto 
destino y aplicación de los recursos. 
• Que al tratarse de conductas infractoras en materia de radio y televisión no 
se actualiza el supuesto de procedencia para iniciar un procedimiento 
administrativo sancionador en materia de fiscalización. 
De este modo, de lo establecido en los preceptos jurídicos antes señalados, se 
acredita cabalmente que esta autoridad no resulta competente para conocer y 
sustanciar la queja presentada por el C. Pedro Alejo Rodríguez Martínez, en su 
carácter de candidato independiente a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo 
León. 
Por ende, con fundamento en la fracción VI del numeral 1 del artículo 30, así como 
en el numeral 1, fracción I del diverso 31 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en relación con el artículo 5 del 
ordenamiento jurídico en comento, lo procedente es desechar de plano la queja 
interpuesta por el C. Pedro Alejo Rodríguez Martínez, al no tener competencia 
esta autoridad electoral, respecto a las conductas denunciadas. 
Por otra parte, si bien el denunciante no desarrolla un argumento en su escrito de 
queja respecto al debido reporte del gasto de producción del spot para radio y 
televisión en cuestión, está autoridad en observancia al principio de exhaustividad 
verificó el Sistema Integral de Fiscalización, concretamente la contabilidad del 
candidato Patricio Eugenio Zambrano Garza, y encontró el registro de la póliza 
número 7, del periodo 1 normal, en la que consta el registro del ingreso por 
transferencia en especie del spot de radio y televisión por un monto de $22,000.00 
pesos. 
Finalmente, cabe señalar que, en el escrito de queja, el candidato independiente 
promovente solicita se ordene la aplicación de medidas cautelares a efecto de 
que cese la difusión de la propaganda denunciada toda vez que, a su dicho, se 
violan flagrantemente los principios que rigen el procedimiento electoral, en la 
contienda electoral, esto de bajo la figura de Tutela Preventiva. 
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Al respecto, es preciso señalar que las medidas cautelares, también denominadas 
medidas de seguridad o medidas provisionales, son un instrumento que puede 
decretarse por la autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de 
oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e 
irreparable daño a las partes en conflicto o a la sociedad, con motivo de la 
sustanciación de un procedimiento principal, lo que en el caso que nos ocupa no 
acontece. 
Adicionalmente a lo anterior, no pasa desapercibido la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación 
identificado como SUP-RAP 292/2012, señaló que la normativa electoral 
establece, con claridad, tres procedimientos sancionadores, con supuestos de 
procedencia distintos y que se tramitan de forma diferenciada, siendo que la 
normativa aplicable a los procedimientos sancionadores en materia de 
fiscalización no prevé la posibilidad de decretar medidas cautelares, lo cual es 
congruente con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la normativa electoral. 
En atención a las consideraciones anteriores, la autoridad administrativa electoral 
establece que en los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización 
debe prevalecer el criterio consistente en que no ha lugar a decretar de medidas 
cautelares lo que, aunado a la incompetencia de esta autoridad, no puede 
concederse. 
3. Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. 
Tal y como fue expuesto en la presente Resolución, la Unidad Técnica de 
Fiscalización no es competente para pronunciarse respecto de la adquisición de 
tiempo en radio y televisión, lo cual es materia del escrito de queja presentado por 
el C. Pedro Alejo Rodríguez Martínez, por lo cual lo procedente sería dar vista a la 
Unidad técnica de lo Contencioso Electoral, para que determine lo que en derecho 
corresponda. 
Sin embargo, esta autoridad tiene conocimiento de que la Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se 
pronunció mediante sentencia dictada en el procedimiento especial sancionador 
SER-PSC-2/2019, en el sentido siguiente: 
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"147. En otro orden de ideas, es preciso señalar que el denunciante Pedro Alejo 
Rodríguez Martínez, aduce una posible contratación y/o adquisición de tiempos 
en radio y televisión, así como una supuesta coacción al electorado, derivado 
de la difusión de los promociona/es materia de análisis. Aspectos que es de 
resaltar no fueron materia del acuerdo de emplazamiento realizado por la 
autoridad instructora. 
148. Sin embargo, se considera que los hechos denunciados no podrían 
constituir contratación y/o adquisición de tiempos en radio y televisión, ya que el 
reporte enviado por la Dirección de Prerrogativas, se obtuvo que el material 
denunciado es un promociona/ pautado en los tiempos de la coalición "Juntos 
Haremos Historia" entonces integrada por los partidos MORENA, PES y PT 
para el periodo de campaña local en el Proceso Electoral extraordinario llevado 
a cabo en Monterrey, Nuevo León, para que fuera difundido del pasado seis al 
ocho de diciembre, es decir, asignado inicialmente de conformidad con la 
normativa constitucional y electoral en los tiempos del Estado, lo que fáctica y 
jurídicamente excluye la posibilidad de la actualización de la infracción referida." 
En consecuencia, es innecesario dar vista a la autoridad que se considera 
competente, en razón de que ya existe un pronunciamiento de la misma respecto 
a los hechos denunciados. 
En atención a las Consideraciones vertidas y en ejercicio de las atribuciones 
que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, 
numeral 1, inciso j) y aa); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
RESUELVE 
PRIMERO. Se desecha de plano la queja interpuesta por el C. Pedro Alejo 
Rodríguez Martínez, en su carácter de candidato independiente al cargo de 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, de 
conformidad con lo expuesto en el Considerando 2, de la presente Resolución. 
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SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la 
presente determinación es el denominado "recurso de apelación", el cual según lo 
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer 
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se 
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
TERCERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo 
General celebrada el 23 de enero de 2019, por ocho votos a favor de los 
Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 
Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Giro 
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera 
Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de los Consejeros 
Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz 
Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 
EL CO RO PRESIDE DEL 
CONSEJO GENERAL 
DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 
23 
EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 
LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 
'